TC, ¿y ahora qué?

Desde que el partido ultranacionalista ilegalizado Sortu y más tarde Bildu entraran en el panorama político, a nadie se le escapaba la idea de que se trataba del brazo político de ETA al igual que le ocurría antes a Batasuna. A nadie, salvo al Tribunal Constitucional al que en términos jurídicos totalmente teóricos quisieron creer que la nueva formación era legal en sus términos, olvidando que sus términos y sus palabras bonitas encuentran un trasfondo no tan bonito relacionado con exdirigentes batasunos y con la no condena de la violencia etarra ni el renonocimiento a las víctimas del terrorismo. Hasta ahí, pase que se acepten los términos del contrato del juego político aun con notas a pie de página. El segundo problema llega cuando el pasado 22-M cerca de noventa localidades, entre ellas San Sebastián, entra a formar parte intrínsecamente del entramado político de la banda terrorista. Bildu había entrado en las instituciones como se preveía. Pero bueno, sigamos confiando en que todo ser humano rectifica una y otra vez. Sin embargo comienzan los altercados y las ilegalidades desde las mismas investiduras de alcaldes en las que no se nombra al Rey y se dan las primeras retiradas de la bandera española de algunos balcones institucionales. Tampoco pasa nada, serán errores inintencionados de forma. Tras todo esto, que va sumando y sumando gota tras gota en el vaso, llega un comunicado de ETA al diario vasco Gara mostrando su alegría por la que llaman "victoria política e ideológica a la ilegalización". Eso quiere decir en términos del ser humano de a pie: "Hemos conseguido lo que queríamos". Por tanto hoy más que ayer y menos que mañana, estamos más lejos de acabar con la banda. Aunque el Ministerio del Interior salga diciendo que la policía ha encontrado no se cuántos zulos, de poco sirve; ETA está en los ayuntamientos. Y lo que no se puede consentir es que aunque ahora dejen la violencia, lo cual dudo, consigan lo que quieran, como quieran y cuando quieran. ¿Qué debe hacer ahora el Constitucional? Quizás debería analizar el comportamiento real de estos señores y dejarse de minucias jurídicas y filológicas del lenguaje, que están muy bien para dar clases teóricas en las universidades pero no para hacer de garante último de la Consticución española en la práctica.